En el preámbulo de la Constitución Política del Estado de 25 de enero de 2009, se afirma que “[…] gracias a Dios, refundamos Bolivia”.  Gracias a Él, el 61,43% de 3.511.699 votantes aprobaron la última Carta Magna previa al bicentenario de nuestra República (Art. 11 CPE).

 

En términos de desempeño democrático, la “refundación” de Bolivia no parece haber alcanzado una nota sobresaliente. Según el “índice de la democracia 2022” publicado en la Internet por Wikipedia, Bolivia ocupa el puesto 100/154 y aparece en el rango de “régimen híbrido”, detrás de 48 países catalogados como “democracia deficiente” y muy por debajo de las 24 naciones pertenecientes a la categoría de “democracia plena”. 

 

En dimensión territorial, Bolivia ostenta el puesto 27 en el mundo.  Ese es un dato fijo que, de no mediar la disgregación de alguno de los 26 países más extensos del planeta, no sufrirá ninguna modificación. 

 

¿Qué tal si para 2025-2030 los 11.362.620 bolivianos contabilizados en el Censo de Población y Vivienda 2024 nos proponemos subir al rango de “democracia plena” y ocupar el mismo lugar (27) que el territorio patrio de 1.098.581 km2 reconocido a Bolivia por la Organización de las Naciones Unidas desde 1945?

 

Válido únicamente para los creyentes, “hacer lo que Dios manda” es bueno, pero no vinculante en un Estado laico.  Lo que sí es obligatorio, es el cumplimiento de los 411 artículos, 10 disposiciones transitorias, una disposición abrogatoria y una disposición final de la Constitución Política del Estado, amén de toda la legislación internacional de la cual Bolivia es signataria.